El expresidente peruano Alan García, quien pidió asilo en la embajada uruguaya en Lima hace dos semanas, enfrenta una nueva investigación por corrupción, que se suma a la de supuestas dádivas de la constructora brasileña Odebrecht, reseñaron hoy medios locales.
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Según la fiscalía, el entonces presidente García y otros 21 funcionarios conspiraron para «facilitarle» a la empresa holandesa ATM Terminals que ganara en 2011 la concesión de la Terminal Norte del puerto del Callao.
Los presuntos delitos de «colusión agravada» y «negociación incompatible en agravio del Estado» ocurrieron en los últimos meses del segundo mandato de García (2006-2011) y entre los investigados figura el entonces ministro de Transportes, Enrique Cornejo, indicó el diario El Comercio.
«Alan García y otros funcionarios ‘habrían emitido instrumentos de gestión, dentro de los cuales se encontraban los decretos de urgencia para viabilizar la concesión […] y con ello favorecer a la empresa APM Terminals Callao'», señaló el periódico, citando un documento de la fiscalía.
Dos «decretos de urgencia» declararon a 33 proyectos de inversión como de «necesidad nacional», incluido el de la Terminal Norte del Callao. Aunque fueron declarados inconstitucionales meses después del fin del mandato de García, el contrato de concesión se mantuvo.
García, de 69 años, ingresó a la embajada uruguaya el 17 de noviembre alegando ser víctima de «persecución política», lo que niegan el Gobierno y el Poder Judicial.
El exmandatario socialdemócrata, que también gobernó en 1985-1990, se refugió en la embajada después de que la justicia peruana le prohibiera salir del país durante 18 meses para ser investigado en el marco del escándalo de Odebrecht.
Junto con otorgarle la concesión a la empresa holandesa, el gobierno de García le dio una «serie de beneficios sumamente excesivos», como exoneraciones de impuestos, lo que habría «generado un perjuicio al Estado» por 247 millones de dólares, según la fiscalía.
Ni García ni sus abogados
La prohibición de salida del país a García fue dictada luego de que la fiscalía ampliara una investigación por supuestos sobornos pagados por Odebrecht en un contrato para la construcción de la primera línea del metro de Lima durante su segundo mandato.
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