Instituciones especializadas en arbitraje, como el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Piura, expresaron su preocupación ante la reciente decisión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de intervenir en el marco normativo del arbitraje en el Perú. La inquietud surge tras la creación de un nuevo Grupo de Trabajo Multisectorial, medida que afectaría la seguridad jurídica y la inversión en el país.
Contexto normativo del arbitraje en el Perú
La Ley de Arbitraje (Decreto Legislativo 1071), aprobada en 2008, se diseñó para facilitar la implementación del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos, alineándose con estándares internacionales. Su regulación se basa en la Convención de las Naciones Unidas sobre Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras de 1958, la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional de 1975 y la Ley Modelo de Naciones Unidas sobre Arbitraje Comercial Internacional.
En mayo de 2024, el Ministerio de Justicia creó un Grupo de Trabajo Multisectorial mediante la RM N° 124-2024-JUS para evaluar mejoras a la normativa arbitral. Dicho grupo, integrado por representantes del sector público y privado, concluyó que no era necesario modificar la Ley de Arbitraje. Esto debido a que cumple con los estándares internacionales y está concebida para resolver controversias entre privados. En su lugar, se propuso una normativa especial para los arbitrajes en los que el Estado peruano es parte.
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Rechazo a la conformación de un nuevo grupo de trabajo
Las instituciones firmantes manifestaron su extrañeza ante la creación de un nuevo Grupo de Trabajo. Ello apenas cuatro meses después de que el anterior presentara sus conclusiones. Destacaron que esta nueva conformación está compuesta mayoritariamente por funcionarios públicos. Esto afectaría la objetividad del proceso.
Por ello, exhortaron al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana Ysa, a reconsiderar esta decisión y garantizar la estabilidad del sistema arbitral. Recordaron que el arbitraje, reconocido por la Constitución, es un mecanismo clave en las últimas tres décadas para el desarrollo y la seguridad de las inversiones en el país.
