La instalación del primer centro de atención integral para las mujeres víctimas de la violencia física, sexual o sicológica, en el establecimiento de salud de Santa Julia, es lo que buscan las autoridades del Gobierno Regional, Dirección de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio Público, Poder Judicial y Policía Nacional.
Con ese fin se reunieron los representantes de las diversas instituciones para implementar y organizar el primer Centro de Atención Integral a Personas Víctimas de VBG (Violencia Basada en Género) – Santa Julia, que cuenta con la asistencia técnica y acompañamiento de OPS- UNFPA.
Eduardo Álvarez, director de Intervención Sanitaria Integral de la Diresa, refirió que la situación actual debe enfrentarse con un modelo integrado de atención para las víctimas de conformidad con lo establecido en el Informe defensorial: “El derecho a la salud de las mujeres víctimas de violencia sexual”.
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Además indicó que el distrito de Veintiséis de Octubre es el segundo con mayor casos de violencia de género en la región. “Por ello la zona de intervención resulta muy pertinente, pues el centro de salud Santa Julia está ubicado en este distrito”, dijo.
Por su parte, la fiscal de la Familia, Jatsme Merino, consideró imposible instalar una fiscalía al interior del futuro centro articulado, y refirió viable más bien la creación de una fiscalía en el distrito para la atención a casos de violencia.
La letrada aconsejó por lo tanto la implementación de una cámara Gesell ya que en Piura sólo se cuenta con una para así garantizar la presencia de la Fiscalía en el futuro centro articulado. La cámara Gesell es una sala especial de dos ambientes divididos por un vidrio, donde los profesionales especialistas reciben y graban el testimonio de la víctima, dentro del proceso investigatorio.
No obstante Jatsme Merino adelantó que se puede dar la asistencia fiscal a los casos de violencia con las llamadas telefónicas que haga el centro articulado a la fiscalía.
A su vez, Carlos Ato, representante de la Policía Nacional, propuso se emita un documento al jefe de la región policial solicitando el recurso humano para la atención en el proyectado centro articulado.
Teresa Navarro Campodónico, representante de la Defensoría Pública de víctimas, refirió que cuenta con son seis abogados de turno para patrocinar a las víctimas.
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