El Ministerio de Defensa asumirá la programación, formulación, evaluación y ejecución de inversiones en infraestructura penitenciaria en todo el país, tras la publicación del Decreto Legislativo N.° 1745. La norma modifica el Decreto Legislativo N.° 1229 y busca acelerar la construcción y modernización de establecimientos carcelarios para cerrar la brecha de infraestructura y reducir el hacinamiento. El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, sostuvo que el sector podrá desarrollar estas obras en menos tiempo y con menor presupuesto: “Convertiremos años de espera en meses”.
La nueva disposición también encarga al sector Defensa la supervisión y cierre de las inversiones, así como la elaboración de lineamientos para formular y evaluar los proyectos. La transferencia comprende las inversiones penitenciarias que actualmente administra el Ministerio de Justicia, incluso aquellas que se encuentran en distintas etapas de ejecución. Ambos sectores deberán conformar una comisión en un máximo de cinco días calendario y aprobar el plan de transferencia en los 15 días siguientes.
Justicia mantendrá la administración de los penales
El cambio de competencias no incluye la administración de los establecimientos penitenciarios, la custodia de las personas privadas de libertad ni las labores de tratamiento y resocialización, que continuarán bajo responsabilidad del sector Justicia y Derechos Humanos. Además, el Ministerio de Defensa podrá ejecutar obras de construcción, ampliación, rehabilitación, mejoramiento y equipamiento en terrenos estatales legalmente disponibles.
Como parte de las medidas de seguridad penitenciaria, el Ministerio de Defensa también instaló dos retenes militares equipados con escáneres en los penales Ancón I, en Lima, y Varones Trujillo, en La Libertad, para reforzar los controles e impedir el ingreso de objetos prohibidos. Esta intervención se enmarca en el Decreto Legislativo N.° 1742, que regula la participación excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas en la seguridad externa de los establecimientos penitenciarios declarados en emergencia.

