La emisión irregular de DNI en Perú ha quedado bajo la lupa tras una auditoría que reveló prácticas indebidas dentro del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Según el informe de la Contraloría General, cerca de 70 trabajadores gestionaron más de 700 documentos de identidad sin cumplir con requisitos esenciales, como el pago correspondiente o la acreditación de condiciones para gratuidad. El caso expone fallas en los controles internos entre 2023 y 2024.
Emisión de DNI sin pago: irregularidades en el sistema SIO
De acuerdo con el informe de control n.° 001-2026-2-0646-AC, se detectaron 436 trámites de DNI sin acreditar el pago exigido en el TUPA. Para ello, los trabajadores utilizaban la opción “pérdida” en el Sistema Integrado Operativo (SIO). Esto les permitía procesar solicitudes sin vincularlas a un recibo de pago, completando automáticamente el campo correspondiente con valores en cero.
Esta modalidad se utilizó para gestionar documentos en beneficio propio, de compañeros de trabajo y de terceros. La mayor incidencia se registró en oficinas como San Pablo (Loreto) y Lurín (Lima), donde incluso un trabajador obtuvo cuatro trámites en menos de cinco meses sin acreditar pago. A pesar de que esta práctica fue prohibida en abril de 2024, se registraron 97 casos adicionales posteriores a la medida.
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Uso indebido de la gratuidad del DNI en sectores vulnerables
La auditoría también identificó 266 casos de uso indebido o no sustentado de la gratuidad en la emisión de DNI, beneficio destinado a poblaciones vulnerables. En estos casos, trabajadores del Reniec registraron trámites sin contar con la documentación que acreditara condiciones como discapacidad, pobreza o afectación por desastres.
Entre los hallazgos, se detectaron registros sin sustento en oficinas como Chosica y Huancayo, así como deficiencias en el registro de documentos que acreditan discapacidad, ya sea por ausencia de evidencia en el sistema o falta de respaldo físico. Como resultado, la Contraloría identificó presunta responsabilidad penal en tres trabajadores y responsabilidad administrativa en 69 servidores.
