La amnistía general en Venezuela anunciada por la presidenta interina Delcy Rodríguez marca un punto de inflexión en el escenario político y judicial del país. La medida incluye el cierre de la cárcel del Helicoide, señalada durante años por denuncias de tortura, y se produce a pocas semanas de la salida del poder de Nicolás Maduro. El anuncio se da en un contexto de cambios institucionales, excarcelaciones progresivas y una reconfiguración de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, mientras familiares de presos políticos exigen la liberación total.
Amnistía general en Venezuela tras la salida de Nicolás Maduro
Durante la apertura del año judicial en la sede del Tribunal Supremo de Justicia, Delcy Rodríguez solicitó al Parlamento la aprobación urgente de “una ley de amnistía general que cubra todo el periodo de violencia política de 1999 al presente”, sin precisar mayores alcances. En su discurso, hizo un llamado a los beneficiarios de medidas de excarcelación a evitar “la venganza, la revancha ni el odio”.
El anuncio ocurre a casi un mes de que Rodríguez asumiera el poder tras la captura de Nicolás Maduro durante una incursión militar estadounidense, el 3 de enero. Desde entonces, la presidenta interina impulsó cambios en el Ejecutivo y avanzó en la reanudación de relaciones diplomáticas con Washington, suspendidas desde 2019. Según una fuente oficial, la nueva jefa de la misión estadounidense llegará al país este sábado.
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Cierre del Helicoide y situación de los presos políticos
Rodríguez ordenó el cierre del Helicoide, sede de los servicios de inteligencia y uno de los principales centros de reclusión de presos políticos en Caracas. Indicó que el recinto será transformado “en un centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y para las comunidades aledañas”.
De acuerdo con la ONG Foro Penal, Venezuela registra más de 700 presos políticos, muchos de ellos recluidos en el Helicoide. Tras el anuncio, familiares de detenidos se congregaron en los exteriores del penal coreando “¡Libertad!” y exhibiendo pancartas con mensajes como: “Mientras quede uno preso esto no termina”.
Desde el 8 de enero, unas 300 personas privadas de libertad han sido excarceladas como parte de un proceso que, según el Gobierno, continuará en las próximas semanas. Yohana Chirinos, familiar de dos detenidos, expresó a la AFP: “Esperamos que ya con esta amnistía nos den esa llamada que esperamos y la libertad”.
Reacciones políticas y límites de la amnistía
La presidenta interina precisó que quedarán excluidos de la amnistía “aquellos procesados o condenados por homicidio, tráfico de drogas, corrupción y violaciones graves a los derechos humanos”. No obstante, la líder opositora María Corina Machado consideró que el proceso “no es voluntario” y que “responde a la presión de Estados Unidos”.
“Cuando desaparece la represión y se pierde el miedo, es el fin de la tiranía”, afirmó Machado durante una intervención virtual en el Hay Festival de Cartagena.
Esta es la segunda amnistía en casi 30 años de gobiernos chavistas. La primera fue aprobada en 2007 por Hugo Chávez y benefició a militares detenidos tras la insurrección de 2002. El parlamentario opositor Tomás Guanipa señaló que espera que esta nueva medida “sea el inicio de un camino que nos lleve a la libertad y a la democracia”.
Por su parte, Alfredo Romero, director de Foro Penal, advirtió que “las amnistías son buenas mientras no conlleven a impunidad” y subrayó que deben contar con criterios claros y verificables.
