La Tercera Sala Penal de Apelaciones declaró fundado el recurso presentado por la defensa del suboficial de la Policía Nacional del Perú, Mell Gipson Sancarranco Vega, y ordenó su inmediata libertad, al concluir que la prisión preventiva dictada en su contra no estuvo debidamente motivada. La resolución se emitió tras una audiencia de apelación realizada este miércoles y se enmarca en la investigación por la desaparición del universitario Antony Camizán Guerrero, ocurrida en agosto de 2022.
Sala Penal cuestiona motivación de la prisión preventiva
El colegiado determinó que la resolución judicial que impuso la prisión preventiva no cumplía con los estándares de motivación exigidos por la ley ni por la jurisprudencia constitucional vigente. En ese sentido, se precisó que la medida coercitiva carecía de una adecuada fundamentación respecto a los criterios legales necesarios para restringir la libertad personal.
Entre estos criterios se encuentran la gravedad del delito, la prognosis de la pena, así como el peligro de fuga y el riesgo de obstaculización de la justicia, los cuales —según la Sala— no fueron debidamente sustentados en la decisión apelada.
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Investigación por desaparición de Antony Camizán continúa
Mell Gipson Sancarranco Vega venía siendo investigado por presuntos delitos contra la administración de justicia, específicamente por obstaculización de la justicia en forma agravada, además de otras imputaciones vinculadas al caso de la desaparición de Antony Camizán Guerrero.
No obstante, la Sala dejó en claro que la revocatoria de la prisión preventiva no implica el archivo de la investigación. El proceso penal continuará conforme a ley y bajo las medidas que el juzgado competente considere pertinentes, mientras prosiguen las diligencias a cargo del Ministerio Público.
Suboficial PNP afrontará proceso en libertad
Con esta decisión judicial, el suboficial de la PNP afrontará el proceso en libertad, quedando sujeto a las obligaciones y restricciones que pueda imponer la autoridad judicial correspondiente. El colegiado reiteró que la prisión preventiva es una medida excepcional, cuya aplicación requiere una motivación reforzada y un análisis riguroso de los presupuestos legales.
Las investigaciones relacionadas con el caso Antony Camizán Guerrero continuarán en el marco del debido proceso, conforme a lo establecido por la normativa vigente.
