El Poder Ejecutivo declaró el estado de emergencia en seis distritos y dos provincias del departamento de Piura con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana. La medida comprende zonas de las provincias de Piura y Sullana, así como las provincias de Paita y Talara. Según lo dispuesto, la Policía Nacional mantiene el control del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas, durante un periodo de 60 días calendario.
Alcance del estado de emergencia en Piura
El decreto supremo establece que el estado de emergencia rige por 60 días calendario. Durante este periodo, la Policía Nacional asume el control del orden interno. Para ello, cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Además, las zonas de intervención se determinan mediante información de inteligencia, estadísticas y mapas del delito.
Asimismo, se autoriza la restricción de derechos constitucionales vinculados a la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la seguridad personal, conforme a lo establecido en la Constitución Política del Perú.
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Medidas de control y coordinación operativa
Durante la vigencia de la medida, se declaró en sesión permanente al Comité Regional y a los Comités Provinciales de Seguridad Ciudadana. Además, se dispuso la conformación del Comando de Coordinación Operativa Unificada, junto a comités distritales, de inteligencia, fiscalización y comunicación estratégica.
Estos órganos coordinan patrullajes, operativos y acciones de control territorial. La información generada se clasifica como reservada, debido a su relación directa con la seguridad interna.
Intervención policial, militar y acciones complementarias
Las fuerzas integradas ejecutan patrullajes permanentes, operativos de control de identidad y decomisos de armas, explosivos y materiales prohibidos. Además, se realizan acciones contra mercados ilegales, extorsión, sicariato y comercio ilícito de telecomunicaciones.
En paralelo, se aplican medidas especiales en centros penitenciarios, como restricciones de visitas, operativos de incautación y monitoreo aéreo con drones. Estas acciones buscan prevenir actividades delictivas desde establecimientos penitenciarios.
