Los pescadores anchoveteros amparados en la Ley 26920 mantienen en suspenso la expectativa generada tras la reunión que sostuvieron con el ministro de la Producción, César Quispe. El gremio exige acciones inmediatas frente a lo que consideran una fijación arbitraria del precio por tonelada de anchoveta. Esta decisión —afirman— la imponen las plantas afiliadas a la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) sin negociación previa.
El encuentro se realizó el 29 de noviembre y contó con la presencia del ministro, el viceministro de Pesca, altos funcionarios del sector y los congresistas Maricruz Zeta Chunga y Bernardo Pazo Nunura. Durante la cita, los armadores —entre ellos Omar Jacinto Fiestas— reiteraron una problemática que, según describen, arrastran desde hace casi 20 años: la falta de un mercado realmente competitivo y la imposición del precio de la materia prima una vez descargada la cuota.
Compromisos asumidos y retrasos
El presidente de la Asociación de Armadores Pesqueros de la Ley 26920, Medardo Vite, señaló que el ministro Quispe se comprometió a emitir de inmediato cartas oficiales a las plantas pesqueras para convocarlas a un diálogo técnico urgente. La finalidad: definir un precio justo para la anchoveta de la segunda temporada 2025.
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Pese a la promesa, el gremio asegura que aún no reciben la convocatoria. Esto mantiene en incertidumbre a los productores y alimenta el malestar por la falta de avances concretos.
