Tras los hechos registrados entre el alcalde Darwin Quinde Rivera y miembros de la ronda campesina de Hualcuy, el asesor jurídico de la Municipalidad Provincial de Ayabaca, Pedro Albán, afirmó que la actuación de dicho grupo ronderil carece de validez legal, ya que no cuenta con personería jurídica ni reconocimiento formal ante las autoridades competentes, informó Noticias Piura 3.0..
Albán recordó que las rondas campesinas están amparadas por la Ley N.º 27908, que las reconoce como organizaciones comunales destinadas a contribuir con la seguridad, justicia y desarrollo en el ámbito rural. Ello, en concordancia con el artículo 149 de la Constitución Política, que les otorga funciones jurisdiccionales basadas en el derecho consuetudinario, siempre que no vulneren los derechos fundamentales de las personas.
“La ronda de Hualcuy no está inscrita en Registros Públicos ni reconocida por la Municipalidad. Por tanto, no tiene personería jurídica y estaría incurriendo en actos ilegales”, explicó el asesor legal.
Únete al canal de WhatsApp
“Se violaron derechos del alcalde”
Albán precisó que lo ocurrido con el alcalde implica un concurso de delitos. Ello debido a que no se respetó su derecho a la defensa, al no notificársele con ninguna agenda o proceso formal.
El documento que recibió —añadió— solo indicaba una “reunión de coordinación”, sin mencionar investigación o sanción alguna.
Asimismo, sostuvo que la asamblea se realizó con personas ajenas a la jurisdicción de Hualcuy, procedentes de otras provincias y regiones. Esto agrava la irregularidad del acto.
“El alcalde fue expuesto públicamente, afectando su dignidad y su honra. Esto constituye una vulneración clara de sus derechos fundamentales”, enfatizó Albán.
Piden intervención del Ministerio Público
El área legal de la Municipalidad Provincial de Ayabaca solicitó la intervención del Ministerio Público y del Poder Judicial para investigar lo ocurrido. Además de evitar futuros abusos o excesos en nombre de la justicia ronderil.
Albán reiteró que toda imputación o acusación de corrupción debe sustentarse con pruebas formales y procesarse dentro del marco de la ley, no mediante sanciones extrajudiciales.
