El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, anunció que el Ejecutivo analiza la declaratoria de emergencia del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) como parte de las acciones integrales para enfrentar la delincuencia organizada en el país.
El premier precisó que esta medida surge tras comprobarse, durante recientes operativos, que líderes de organizaciones criminales continúan dirigiendo sus redes desde los penales, incluso con acceso a internet mediante antenas clandestinas.
“Es una de las medidas que sí se está contemplando. Cuando uno entra en la batalla, no puede comenzar a sustituir a quienes están en la primera línea de lucha”, declaró Álvarez en entrevista con Panorama.
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Revisión de personal y aislamiento de presos peligrosos
Álvarez indicó que el Gobierno busca reforzar los mecanismos de control dentro de las cárceles, como la aplicación del polígrafo al personal penitenciario. Esto con el fin de detectar posibles actos de corrupción o vínculos con el crimen organizado.
Aclaró que esta herramienta no prueba delitos. Sin embargo, puede generar indicios que justifiquen la apertura de una investigación. Este control podría extenderse también a miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas.
Asimismo, adelantó que se trabaja en un plan de redistribución de internos de alta peligrosidad. Todos ellos serán trasladados a establecimientos como Lurigancho o Ancón, donde el personal cuenta con mayor experiencia en el manejo de reclusos de este perfil.
Sin toque de queda, pero con mayor control
Consultado sobre un posible toque de queda en Lima, Callao u otras regiones, el titular de la PCM descartó esta posibilidad, al considerar que no contribuiría a combatir la extorsión, uno de los delitos más frecuentes en la actualidad.
“El toque de queda no resuelve el problema de fondo. Lo que hace es perjudicar al comercio, al turismo y a la economía de las familias”, enfatizó Álvarez.
El jefe del Gabinete destacó, además, que los primeros operativos policiales permitieron detener a numerosos delincuentes. Pero, reconoció que el reto principal es acumular pruebas suficientes para lograr condenas efectivas y evitar la liberación de los detenidos.
Facultades legislativas para reformar el sistema penal
Ante estas limitaciones, Álvarez anunció que el Ejecutivo solicitará al Congreso facultades legislativas para emitir decretos que fortalezcan el sistema judicial y penitenciario, con el propósito de cerrar vacíos legales y agilizar las condenas.
