En una entrevista para el programa Impulso Norte, el economista Tomás Reto analizó la reciente alerta del Consejo Fiscal respecto al impacto de las leyes aprobadas por el Congreso en el equilibrio de las finanzas públicas. Según explicó, más de 200 normas aprobadas desde 2021 y otras 300 en debate podrían aumentar significativamente el gasto público y comprometer la sostenibilidad económica del país.
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Consejo Fiscal advierte un aumento alarmante del gasto público
Tomás Reto precisó que el Consejo Fiscal ha identificado más de 200 leyes con impacto fiscal adverso aprobadas desde 2021, además de otras 300 en debate. Estas normas, explicó, “generan vulneraciones al equilibrio presupuestario, más gastos y menos ingresos”, lo que representa una amenaza para la estabilidad económica.
El economista advirtió que solo diez iniciativas legislativas actualmente en debate podrían generar un gasto de 25 mil millones de soles en 2026. “El Congreso no tiene iniciativa de gasto según la Constitución, pero hoy estamos ante un Parlamento que aprueba normas que comprometen recursos públicos sin coordinación con el Ejecutivo”, sostuvo.
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Reto señaló que la debilidad del Ejecutivo frente al Congreso ha permitido la aprobación de normas con impacto negativo en la caja fiscal. Según el especialista, “si se implementaran todas las leyes e iniciativas identificadas, la deuda pública podría pasar del 32% actual al 70% en 2036”.
Debilidad institucional y aprobación por insistencia
El economista destacó que el problema no radica solo en la cantidad de leyes, sino también en el mecanismo de aprobación. “El 44% de estas normas se han aprobado por insistencia, pese a las observaciones del Ejecutivo”, precisó.
Explicó que esta situación refleja un desequilibrio de poderes y una tendencia hacia un modelo parlamentario con control sobre el gasto público. “Estamos pasando a un régimen donde el Parlamento también decide en qué se gasta el dinero público. Y eso no debe ocurrir”, advirtió.
Además, Reto señaló que muchas de las normas con impacto fiscal “no resuelven problemas estructurales” y, por el contrario, benefician a grupos específicos. Puso como ejemplo la iniciativa para incrementar las pensiones de los docentes jubilados del sector público de 800 a 3,300 soles: “No solo es inviable fiscalmente, sino que también es inequitativa, porque excluye a otros profesionales que han aportado al sistema”.
Posibles consecuencias económicas
El economista advirtió que el aumento del gasto rígido, como salarios o pensiones, limitará la capacidad del Estado para invertir en otros sectores. “Cuando uno aumenta un salario o una pensión, es un gasto que no se puede reducir. Esto podría traducirse en menos inversión en salud, educación o infraestructura”, explicó.
Asimismo, advirtió que, si los ingresos provenientes de los minerales disminuyen, el Estado podría verse obligado a endeudarse, recortar gastos sociales o subir impuestos. “El Consejo Fiscal ha estimado que la deuda pública podría llegar al 70% del PBI en diez años”, enfatizó.
Reto subrayó que la responsabilidad recae principalmente en el Ejecutivo, que debe mantener una postura firme ante el Congreso. “El Ejecutivo ha sido una coladera de normas con impacto fiscal negativo que no debieron aprobarse”, afirmó.
