Un violento ataque a una minivan que transportaba trabajadores de un centro minero artesanal formal dejó dos personas fallecidas y otras diez heridas en la zona cercana a la quebrada Ciénaga, en el distrito y provincia de Pataz, región La Libertad. El incidente ocurrió durante la noche, cuando los trabajadores eran trasladados hacia otros campamentos mineros.
Según confirmó la minera Poderosa, empresa que mantiene contrato con el centro minero afectado, tres de los heridos presentan pronóstico reservado debido a la gravedad de sus lesiones. La compañía expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y exigió a las autoridades investigar a fondo este crimen para identificar y sancionar a los responsables.
Este ataque ocurrió menos de 24 horas después de otro grave incidente en la misma zona, donde criminales destruyeron una torre de alta tensión de 60 kilovatios y tomaron por la fuerza el nivel 2670 de una operación minera. En ese enfrentamiento, una persona perdió la vida y otras 40 resultaron afectadas por inhalación de gases tóxicos.
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Minera Poderosa denuncia regreso de mineros ilegales
En un comunicado oficial, la minera Poderosa denunció que estos actos de violencia son obra de mineros ilegales que han regresado a la región tras el período de lluvias. Según la empresa, estos grupos buscan imponer su control en la zona minera mediante el terror y la intimidación.
“Los mineros ilegales, luego del período de lluvias, han regresado a Pataz a sembrar el terror”, afirmó la compañía. También hizo un llamado urgente a las autoridades para garantizar la seguridad de los trabajadores formales y erradicar la actividad ilegal en la región.
Pobladores señalan a organización criminal como responsable
Pobladores de la localidad de Pataz aseguran que estos enfrentamientos son frecuentes y que detrás de este último crimen estaría la organización criminal conocida como «La gran alianza». Este grupo, según los habitantes, busca consolidar su dominio sobre la zona minera de La Libertad, generando pánico entre los trabajadores y comunidades locales.
La situación ha generado alarma entre los residentes, quienes exigen mayor presencia policial y medidas efectivas para frenar la violencia. Mientras tanto, la tensión sigue creciendo en una de las regiones más importantes para la minería en Perú.
