El Papa Francisco aprobó la expulsión de diez miembros del Sodalicio de Vida Cristiana, entre ellos figuras destacadas como el exsuperior general Eduardo Regal Villa y el exarzobispo de Piura y Tumbes, José Antonio Eguren. Esta medida responde a graves denuncias de abuso físico y espiritual contra menores de edad, así como otras formas de maltrato en el seno de esta sociedad.
La investigación del Vaticano
La decisión se tomó tras una exhaustiva investigación realizada durante la «Misión Especial» encomendada a Mons. Charles Scicluna, arzobispo de Malta y Secretario Adjunto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, y Mons. Jordi Bertomeu, oficial del mismo dicasterio. Esta misión se desarrolló en la Nunciatura Apostólica en Perú entre julio y agosto de 2023, y permitió recabar pruebas y testimonios que fundamentaron la expulsión de los implicados.
Entre los diez expulsados se encuentran no solo líderes religiosos, sino también figuras ligadas a la comunicación y la formación dentro de la organización. Los principales implicados incluyen:
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- Eduardo Antonio Regal Villa, exsuperior general del Sodalicio.
- José Antonio Eguren Anselmi, arzobispo emérito de Piura.
- Alejandro Bermúdez Rosell, periodista y comunicador.
- Erwin Augusto Scheuch Pool, exsuperior regional.
Las acusaciones que pesan sobre ellos incluyen abusos físicos. Además de abuso de conciencia y autoridad, usando métodos sectarios para manipular a sus subordinados. También se reportaron casos de abuso espiritual, aprovechándose de información obtenida en contextos de dirección espiritual, así como la instrumentalización de cargos para encubrir estos delitos.
Impacto y respuesta de la Iglesia
El Papa Francisco, junto a los obispos del Perú y de otros países donde opera el Sodalicio de Vida Cristiana, expresaron su profundo pesar por los hechos ocurridos. En un comunicado conjunto, pidieron perdón a las víctimas y mostraron su solidaridad con el sufrimiento que han padecido. Además, solicitaron al Sodalicio iniciar un proceso de justicia y reparación para las personas afectadas.
Este caso subraya la determinación del Vaticano de combatir los abusos dentro de sus instituciones, incluso cuando involucra a figuras prominentes.
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