Según información de diario Correo, el presidente del comité de licitación para la contratación de servicios educativos, Edgardo Alzamora Barrantes, denunció la falsificación de su firma y la presunta manipulación de documentos con el objetivo de direccionar un millonario proyecto en la Dirección Regional de Educación de Piura (DREP). La denuncia se presentó ante el Órgano de Control Institucional (OCI) de la DREP, adscrito a la Contraloría General de la República.
El pasado 21 de agosto, Alzamora remitió las Cartas N°006-2024/CSCP, MIEMBRO y N°009-2024/CSCP, MIEMBRO al jefe del OCI. En estas, alertó sobre las irregularidades en el proceso de selección para la ejecución del servicio «Adecuación, mantenimiento y remodelación de los servicios educativos del Centro de Recursos para el Aprendizaje en Educación Inicial – CREI Provincia de Piura – II Etapa». Además, informó al director regional de Educación de Piura, Wilmer Charly Gonzales Rojas, sobre las posibles manipulaciones en los acuerdos tomados por el comité de licitación.
Alzamora denunció que el formato de absolución de observaciones y consultas se visó sin su autorización, señalando que los sellos del comité, necesarios para la validación de documentos, estaban en posesión de Sandra Bayona Sánchez, miembro suplente del comité y encargada de subir la información al portal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Esto habría permitido que se realizaran cambios en los acuerdos del comité sin su consentimiento.
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Más irregularidades
La denuncia de Alzamora incluye la presentación de tres cartas adicionales dirigidas a la DREP. En ellas detalla otras presuntas irregularidades en el proceso de contratación. La falsificación de su firma y la manipulación de los acuerdos derivarían una revisión exhaustiva del proceso por parte de la Contraloría. Ello con el fin de asegurar la transparencia y legalidad en la adjudicación del proyecto.
La Dirección Regional de Educación de Piura y el OCI enfrentan ahora la tarea de investigar estas denuncias a fondo. Todo ello para garantizar que el proceso de licitación se realice de manera justa.
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