Los integrantes del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Nacional de Piura realizaron la mañana de este 30 de julio un plantón frente a las instalaciones de la casa de estudios. Este acto de protesta se dio en respuesta a la decisión del rector de no efectuar el pago colectivo que se les adeuda, según declararon a Walac Noticias.
Carlos Gerardo Merino, secretario general de uno de los dos sindicatos afectados, informó que los trabajadores administrativos se unieron en esta manifestación debido a la indignación generada por lo que consideran una decisión errónea del rector. Según Merino, el pago colectivo, que está presupuestado y debía realizarse antes de las Fiestas Patrias, no se efectuó por un capricho de la autoridad universitaria. En cambio, el rector decidió priorizar un pago prometido a los docentes.
«El pago a los trabajadores administrativos está respaldado por la ley de cumplimiento del pacto colectivo y tiene una vigencia de más de seis años», afirmó Merino. Como se sabe, este acuerdo establece un pago de 550 soles, el cual afecta a 800 trabajadores de la universidad. A pesar de haber recibido promesas del director de personal sobre el cumplimiento de este pago, hasta la fecha no se materializa.
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Exigen trato equitativo
Asimismo, el trabajador afectado enfatizó la necesidad de un trato equitativo para todos los empleados de la casa de estudios. Los administrativos consideran injusto que se prioricen pagos a los docentes por 1500 soles mientras que a ellos se les adeuda un monto considerablemente menor.
Por su parte, Eduardo Pérez, otro de los empleados afectados, subrayó que el derecho a este pago debe cumplirse este mes de julio y no postergarse hasta agosto.
En caso de no obtener una solución pronta, los trabajadores anunciaron que coordinarán la entrega de un documento a la Defensoría del Pueblo y a la Contraloría de la República. De esta manera, se busca una intervención que garantice el cumplimiento de sus derechos. Los pagos reclamados corresponden a beneficios económicos de gestiones anteriores, y según los afectados, la administración actual tiene la obligación de respetarlos.
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