La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República continúa debatiendo el proyecto de ley N° 5652/2023-CR, presentado por el parlamentario Wilson Soto y respaldado por su bancada Acción Popular. Este busca restituir la inmunidad parlamentaria.
Como se recuerda, la inmunidad para los congresistas se eliminó en el 2021 a través de un proceso de reforma constitucional que contó con amplio respaldo popular.
El proyecto en cuestión, denominado ‘Ley de reforma constitucional que modifica el artículo 93 de la Constitución Política del Perú para restablecer la inmunidad parlamentaria’, se debatirá en la Comisión de Constitución. Para esta sesión, se invitó a Carlos Mesía (expresidente del Tribunal Constitucional), Aníbal Quiroga (constitucionalista) y José Cevasco (exoficial mayor del Congreso).
Lee más: Castillo: «Presentaremos proyecto para eliminar inmunidad a los altos funcionarios del Estado»
Modificación en la Constitución
La propuesta de Wilson Soto implica una modificación al artículo 93 de la Constitución. Este establece que el procesamiento por delitos comunes imputados a congresistas durante su mandato es competencia de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, para procesar a un congresista por un delito cometido en funciones se requiere el levantamiento del antejuicio. Este trámite lo debe realizar la Fiscalía de la Nación ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso, instancia que es criticada por blindar a varios exparlamentarios en los últimos años.
La modificación propuesta por Soto establecería que los legisladores no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente. Ello, durante el ejercicio de su mandato, excepto por delito flagrante. En este último caso, se pondrían a disposición del Congreso o de la Comisión Permanente dentro de las veinticuatro horas. Eso para que se autorice o no la privación de la libertad y el enjuiciamiento, dentro de un plazo de 30 días calendario. En caso contrario, procedería el silencio administrativo positivo.
Este proyecto representa un retroceso, ya que antes de la eliminación de la inmunidad parlamentaria, la Comisión de Levantamiento de Inmunidad se encargaba de evaluar las solicitudes de levantamiento de inmunidad realizadas por la Corte Suprema del Poder Judicial.
Acción Popular defiende el proyecto argumentando que fortalecería la institucionalidad del Congreso al restablecer la prerrogativa del antejuicio de los parlamentarios por la presunta comisión de delitos comunes. Por lo que permitiría una asamblea fortalecida para la toma de decisiones sin temores y sin sucumbir ante los pedidos de grupos interesados en diferentes temas.