La Fiscalía de la Nación ha presentado una denuncia constitucional contra Jorge Luis Salas Arenas, actual presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Ello, por presunta instigación al delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Esta acción se fundamenta en su supuesta intervención para que Walter Benigno Ríos Montalvo, entonces presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, contratara a su exasesor Pavel Vladimir Cárdenas Peña.
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Fiscalía denuncia al presidente del JNE: argumentos
Los hechos que motivaron esta denuncia se remontan al año 2017, según el comunicado emitido por la Fiscalía.
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La investigación se basa en la denuncia presentada por Ríos Montalvo en diciembre de 2019. La cual se ha complementado con información adicional recibida en enero de 2024, proveniente del Primer Despacho del Equipo Especial de Fiscales de Cuellos Blancos del Puerto. Así como con un informe de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos.
La denuncia detalla que Salas Arenas, en su función como juez supremo titular integrante de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, habría instigado a Ríos Montalvo para que contratara a Cárdenas Peña como personal administrativo de la Corte Superior de Justicia del Callao.
Según el documento, el presidente del JNE habría mencionado a Cárdenas como su asistente personal y habría sugerido su contratación, destacando la conveniencia debido a su proximidad al Callao y su disponibilidad para continuar con estudios académicos.
Fiscalía denuncia al presidente del JNE: ¿qué dijo la autoridad?
La autoridad electoral no niega la comunicación telefónica con Ríos Montalvo ni la referencia a Cárdenas Peña. Lo que respalda los argumentos de la denuncia constitucional. Se imputa a Salas Arenas la presunta comisión del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, considerándolo como instigador de dicha conducta.
Es importante mencionar que esta denuncia surge un día después de que el JNE respondiera a la Fiscalía sobre un informe técnico solicitado acerca de la presunta conducta antidemocrática de la agrupación vinculada a Antauro Humala. La institución se ha reservado la determinación de la existencia o no de dichas conductas. Dejando en manos de la autoridad legalmente competente la emisión de decisiones pertinentes en caso de constatarse algún fraude a ley.
Esta acción legal pone en el centro del debate la integridad y transparencia de estas instituciones. La cuales están encargadas de velar por el correcto funcionamiento del sistema judicial y electoral en el país. La denuncia constitucional contra el presidente del JNE subraya la importancia de investigar y sancionar cualquier irregularidad que afecte la credibilidad y la legitimidad de dichas instituciones.
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