Paro indefinido en Machu Picchu. Desde la medianoche del 25 de enero de 2024, el Colectivo Popular Machu Picchu declaró un paro general indefinido en protesta contra la privatización en la venta de boletos de acceso a la ciudadela inca. La medida surge como respuesta a la gestión de la ministra de Cultura, Leslie Urteaga Peña, y a la participación de la empresa Joinnus, a la que acusan de favorecerse con una comisión del 3,9% en la venta de entradas. Entérate más en la siguiente nota de Walac Noticias.
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#Urgente #Cusco #Machupicchu en paro total, ante el intento del gobierno de la asesina de entregar a los privados la venta de entradas a la maravilla del mundo.pic.twitter.com/c3IbxT7O0j
— Epicentro News (@EpicentroNews) January 25, 2024
La principal preocupación de la comunidad radica en la privatización de la venta de boletos y el beneficio a la empresa del grupo Credicorp en detrimento del patrimonio cultural y la economía local. Además, señalan indicios de corrupción en una adjudicación directa y un conflicto de intereses al otorgar acceso a una valiosa base de datos de turismo.
En la asamblea del distrito de Machu Picchu, se exige la anulación del contrato con Joinnus, la destitución de la ministra Urteaga, y la ratificación de la suspensión de la construcción del centro de interpretación en Puente Ruinas. La comunidad busca garantizar el acceso presencial a una parte de los boletos y responsabiliza a la ministra por el daño al distrito.
Primer día del paro indefinido en MachuPicchu. Contra la privatización de la venta de boletos de ingreso a MachuPicchu impulsado por este régimen.#CuscoEnPortada pic.twitter.com/aGNM5ek6He
— Cusco En Portada (@CuscoEnPortada) January 25, 2024
Paro indefinido en Machu Picchu: personal de Joinnus no puede ingresar
La llegada del personal de Joinnus fue rechazada por la comunidad local, que realizó un plantón manifestando su descontento con la decisión de otorgar la concesión de venta de entradas a una entidad privada. Este conflicto refleja una resistencia contra la política de concesiones y una demanda por mayor transparencia en la gestión de los recursos culturales y la infraestructura local.