La mañana del 2 de abril, un grupo de médicos, personal administrativo y asistencial protestó en los exteriores de la Dirección Regional de Salud Piura. Ello, por los despidos arbitrarios y presuntas irregularidades que se han dado en los últimos días en el proceso de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) 2023.
Los más afectados con la problemática expuesta serían los asegurados y personas que se hacen atender en los centros de salud de la región, ya que los médicos y el personal administrativo nuevo no contaría con la experiencia debida para brindar un servicio de calidad, en medio de un creciente número de casos de dengue e influenza.
Walac Noticias conversó con la representante de la plaza presupuestal 276, Maryloli Rodríguez Astudillo, quien indicó que el reclamo que ella y sus compañeros presentan es el despido arbitrario que ha hecho la directora de Salud, Miriam Fiestas, junto al encargado del área de Recursos Humanos.
Rodríguez manifestó que hay una ley que ampara a todos los trabajadores, que ya estaban en el proceso de nombramiento, sin embargo, ahora están en la calle sin trabajo. Asimismo, aseguró que procederán por la vía legal si es que sus reclamos no son atendidos.
«Hay una ley que nos ampara a todos. El gobernador no nos da continuidad por meter a su gente», expresó la representante de la plaza presupuestal 276.
Despidos en emergencia sanitaria
Por su parte el presidente de los CAS temporales, Segundo Albán, declaró que la Diresa Piura les envió, a los ahora despedidos, cartas de agradecimiento por sus labores que culminaron el 30 de abril. Él afirma que, en medio de una emergencia sanitaria, ellos son los únicos que conocen las zonas en las que han trabajado y cómo es el trato hacia los pacientes, quienes quedarían desprotegidos al momento en el que personal nuevo tome sus lugares, pues asegura que algunos no tienen experiencia.
«Nosotros (los médicos) conocemos las zonas y el trato hacia la población, nos quieren botar en masa, ¿por qué y para qué?», declaró Albán.
Asimismo, el presidente de los CAS temporales, añadió que las autoridades de salud les han cerrado las puertas al buscar alguna solución o explicación a la problemática que viven.
«Lamentamos que en el Piura el sector salud sea el caballito para que metan a su gente recomendada«, apuntó.
Piden nulidad de concurso
Finalmente, el presidente del CAS regular, Alexander Livia, dio a conocer su reclamo y afirmó que el concurso CAS ha sido irregular, pues dieron una fecha para la publicación de resultados y no se cumplió, y al momento en el que quisieron poner su reclamo, no fueron atendidos.
Él sostiene que el despido ocurrido tiene fines políticos, pues se pretendería contratar gente para pagar los favores que hicieron en las últimas elecciones regionales. Además, señaló que algunos postulantes tendrían solo un año de titulación y otros ni título tendrían, mientras que el personal despedido ya tiene experiencia suficiente para atender a la población piurana.
«Algunos no tienen experiencia suficiente. (…) hay personas que aptas para el concurso y no tienen título. El gobernador (Luis Neyra) nos dijo que no iba a haber corrupción, pero hay más en estos procesos«, concluyó Livia.
Hasta el momento son más de 600 las personas perjudicadas por los despidos arbitrarios que realizó la Diresa Piura. Se espera que en los próximos días se cree una mesa de diálogo para que los reclamos de los afectados sean escuchados sino ellos continuarán el proceso por la vía legal.
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