El Ministerio del Interior informó que un total de 27 personas recibieron condenas suspendidas, tras participar en los actos vandálicos durante las protestas que ocurrieron en el país. Esta acción se logró a través de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos contra el Orden Público, adscrita al Mininter.
En el ejercicio de la defensa jurídica del Estado, dicha procuraduría logró que el Poder Judicial de Ica emita estos fallos por el delito de entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos.
En este caso, no se produjo la prisión efectiva de las 27 personas que recibieron dicha condena, ello debido a que, ante las evidencias que los incriminan, se acogieron a la terminación anticipada, logrando así la obtención de sus sentencias sin mayores dilaciones.
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El Mininter identificó plenamente a estas personas como autoras de la toma de carreteras en la región sureña. Por ello, recibieron sentencias condenatorias suspendidas por encima de los tres años, y están obligados a pagar reparaciones civiles por un monto superior a los S/ 50 000.
Prisión preventiva
Igualmente, la entidad adscrita al Mininter consiguió que otros 22 manifestantes procesados por actos vandálicos en diferentes regiones del país reciban mandato de prisión preventiva, entre uno y 18 meses, mientras son investigados.
Las investigaciones que están en curso, en estos 22 casos, responden a sucesos ocurridos en los departamentos de Puno, Ucayali, Ica, Cusco y Arequipa.
Hay que indicar, en este contexto, que la Procuraduría Pública Especializada en Delitos Contra el Orden Público, perteneciente al Mininter, ejecuta una labor preventiva en las diferentes ciudades del país afectadas por las protestas ciudadanas de los últimos meses, trabajando de la mano de la Fiscalía, el Poder Judicial y la Policía.
Asimismo, realiza acciones para advertir, notificar y exhortar a los organizadores de las manifestaciones a no cometer delitos y respetar el orden público durante sus movilizaciones.
También tienen a su cargo realizar el levantamiento de los informes y proceden a la respectiva visualización de pruebas, con el objetivo de recomendar al representante del Ministerio Público la solicitud de prisión preventiva a quien corresponda.
La citada procuraduría reafirma su compromiso de perseguir el delito y que los actos violentos contra la policía, la ciudadanía y las instituciones públicas y privadas no queden impunes y se sancionen en el marco del debido proceso.
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