La Contraloría General de la República informó que, como resultado de un metaanálisis de los servicios de control y de las plataformas de información pública, se identificaron 438 empresas privadas que están relacionadas en 285 informes de control posterior emitidos en los últimos cinco años.
En ellos se identificó presunta responsabilidad penal en 1,390 funcionarios y servidores públicos.
A dichas compañías se le habría adjudicado obras y/o servicios por más de S/ 40,000 millones. No obstante, en el presente año, 252 de estas empresas ganaron 565 procesos de contratación por un valor de S/ 1,571 millones.
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La institución indicó que la información será remitida al Congreso de la República, Ministerio Público, Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) para que inicien las investigaciones correspondientes.
Intervención en Piura
En el Megaoperativo de Control Piura, la Contraloría General indicó que ejecutó 555 intervenciones en entidades públicas de la región, lo que representó un 28% más de lo programado e informado inicialmente.
Del total de intervenciones, destacaron 324 servicios de control, entre posterior (179) y simultáneo (145), cifra que superó la meta en 60% y significó el despliegue de 190 auditores en las ocho provincias piuranas y sus 65 distritos.
La presentación de estos resultados estuvo a cargo del contralor general, Nelson Shack Yalta, quien detalló que se logró examinar la ejecución de S/ 24,809 millones en la región. Como parte del control posterior se examinaron recursos públicos por S/ 5,395 millones y en S/ 4,274 millones se encontraron hallazgos y observaciones, así como presuntas responsabilidades (administrativas, civiles y penales) por inconducta funcional y presunto uso indebido de recursos públicos.
Como producto del control posterior, las comisiones auditoras detectaron un perjuicio económico de S/ 1,135 millones y 151 hechos irregulares en los 179 servicios de control posterior ejecutados, ello incluye los hallazgos de la auditoría de cumplimiento al proyecto de modernización de la Refinería de Talara.
Asimismo, 43 intervenciones corresponden a servicios de control específico, 132 acciones de oficio posterior y cuatro auditorías de cumplimiento.
Además, pudieron identificar 598 presuntas responsabilidades administrativas (318), civiles (177) y penales (103) en 289 funcionarios, entre directivos, funcionarios y servidores pertenecientes a entidades públicas del Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobiernos Locales, por presuntos actos de inconducta funcional y corrupción, los mismos que están siendo canalizados a las entidades pertinentes para el inicio de las acciones legales que correspondan.
Con relación a los servicios de control simultáneo efectuados, la Contraloría realizó 145 intervenciones (es decir, 272% más de lo programado) en las modalidades orientaciones de oficio (81), control concurrente (40) y visita de control (24). Como consecuencia de ello, se advirtieron 225 situaciones adversas, de las cuales 59 fueron resueltas o están en proceso de implementarse medidas para superar las observaciones encontradas por las comisiones de control.
Principales hallazgos del megaoperativo
- Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara – Petroperú
La labor de los auditores permitió detectar un perjuicio económico mayor a los S/ 1,115 millones en el proyecto de modernización de la Refinería de Talara. Se evidenció una demora en la contratación oportuna del componente de unidades auxiliares y trabajos complementarios (cuya función es proveer servicios a los procesos de las unidades para la refinación de petróleo crudo), lo que originará gastos y pagos adicionales a contratistas como a proveedores.
Estos hechos provocaron un perjuicio por pagos realizados a proveedores de servicios alternativos como grupos electrógenos, energía eléctrica, aire comprimido, climatización, entre otros, hasta el 31 de diciembre de 2020. En este caso, 44 funcionarios tendrían presunta responsabilidad penal, civil y/o administrativa.
- Carretera Chanchaque-Huancabamba
Mediante un servicio de control concurrente a la obra de rehabilitación y mejoramiento de la carretera Canchaque – Huancabamba, se advirtió una demora en la activación de la póliza de seguro todo riesgo de construcción (CAR), lo cual dificultaba el reinicio de los trabajos, cubrir los daños ocasionados por el aluvión de marzo último y generaría futuros problemas socioambientales.
También se constató la falta de sistema de drenaje en los depósitos de material excedente de la obra que ocasiona saturación y pérdida de la capacidad de cohesión del material depositado por efecto de las lluvias.
Dicha situación afectaría su estabilidad y podría provocar su colapso, así como mayores daños y costos al proyecto. La subgerencia de Control de Megaproyectos continúa con el acompañamiento a esta importante inversión de más S/ 4,90 millones.
- Defensas ribereñas del río Piura tramo II – Gobierno Regional de Piura
Se identificó un perjuicio mayor a S/ 5 millones en esta entidad debido a irregularidades en el procedimiento de selección, expediente técnico, ejecución de la obra, supervisión y contratación directa para el saldo de obra de las defensas ribereñas del río Piura tramo II.
El comité de selección otorgó la buena pro a un postor único que no acreditó los requisitos. Los funcionarios aprobaron el expediente con la inclusión de trabajos ejecutados en la construcción del puente Juan Pablo II.
Esta situación ocasionó un perjuicio económico, debido a una sobrevaloración de los precios de las maquinarias utilizadas. También se detectaron irregularidades en pagos por trabajos no ejecutados, en la supervisión de la obra y en la contratación directa para el saldo de obra. Unos 23 funcionarios tendrían presunta responsabilidad penal, civil y/o administrativa.
- Control en hospitales de Piura
Como parte de los servicios de control concurrente, durante el megaoperativo en Piura se intervino en los cuatro hospitales estratégicos, dos en la provincia de Huancabamba, otro en Ayabaca y uno en Piura. En estas obras se identificaron diferentes situaciones adversas, como retrasos y deficiencias en la construcción. Estos proyectos debieron concretarse este año; sin embargo, su avance oscila entre el 35% y 54%, pese a la demanda de la población por recibir atención médica, sobre todo en tiempos de emergencia sanitaria.
Asimismo, se realizaron diversos servicios de control con hallazgos contundentes en Hospital Santa Rosa, en los municipios provinciales de Ayabaca, Sullana, Sechura y en los municipios distritales de Colán y Salitral.
Cabe destacar que, actualmente, existen 10 servicios de control posterior en proceso que concluirán este año y en los que se está evaluando más de S/ 156 millones.
Las entidades auditadas son la Municipalidad Provincial de Sullana, Gerencia Subregional Luciano Castillo Colonna, Municipalidad Distrital de Salitral (Morropón), Hospital Santa Rosa, UGEL Huancabamba, Municipalidad Distrital de Catacaos, Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre, EPS Grau y Municipalidad Provincial de Talara.
Evaluación de denuncias
Durante el megaoperativo de control también se cumplió la meta de 191 denuncias ciudadanas atendidas, de las cuales 77 de ellas se atendieron vía formulario web, 56 mediante mesa de partes, 53 a través de las audiencias públicas “La Contraloría te escucha” y cinco denuncias fueron atendidas de oficio.
Asimismo, se realizaron 40 actividades transversales de integridad y prevención como las audiencias públicas virtuales, charlas de sensibilización, cursos “El control social en tus manos”, entre otros.
Reconstrucción del sismo
Durante la jornada en Piura, el contralor general, Nelson Shack, se reunió con los representantes del Gobierno Regional, del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) en la región. El motivo del encuentro fue conocer y evaluar los avances comprometidos en relación plan de reconstrucción por el sismo de 6.1 de magnitud ocurrido el pasado 30 de julio.
Luego de más de cuatro meses del fuerte movimiento telúrico que dejó 6,344 damnificados y 7,869 viviendas afectadas, destruidas o inhabitables, según el último Informe de Emergencia del Indeci; no se han reportado avances significativos.
Según se conoce que, en octubre de este año, una comisión de trabajo aprobó la elaboración del plan de rehabilitación y reconstrucción. La versión final estaría pendiente de aprobación por el Gobierno Regional de Piura, situación que limita a la Contraloría iniciar el acompañamiento del control concurrente comprometido para su ejecución.
