Desde enero de este año hasta la fecha, la región Piura registró 1451 casos de violencia en niños, niñas y adolescentes. Del total, 531 casos son por violencia sexual y 185 por violación sexual, de acuerdo con el reporte del Programa Nacional Aurora.
En esa línea, el coordinador del Programa de Víctimas y Testigos del Ministerio Público de Piura, José Velásquez, aseguró que, en varios casos, el retraso y lentitud en los procesos judiciales se debe a que algunas víctimas desisten de la denuncia.
A pesar de las intervenciones de las autoridades, las cifras de violencia continúan siendo muy altas. Hasta el momento los afectados son 1038 mujeres y 413 hombres.
Asimismo, la data demuestra que, de los 185 casos de violación sexual en la región, 170 son mujeres y 15 varones.
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Comparación con el 2022
En comparación con el año pasado, que se registraron 579 casos de violencia sexual, a la fecha ya van 531 víctimas. Mientras que en violación sexual, en el 2022, se reportaron 183 casos, ahora ya van 185, antes de terminar el año.
Para el coordinador Territorial de Piura del Programa Aurora, Carlos Arcaya, en su mayoría los casos se reportan en las zonas rurales. Sin embargo, en Piura como ciudad la cifra también es alarmante. Por eso, exhortó a las autoridades a ayudar en esta lucha.
“Para una atención tenemos los Centros de Emergencia Mujer donde no es precisamente donde se coloca una denuncia. Pero, sí atendemos el caso y derivamos a las autoridades, por lo que existen las comisarías, Ministerio Público, Poder Judicial donde se puede interponer la denuncia”, explicó.
Por su parte, el coordinador del Programa de Víctimas y Testigos del Ministerio Público dijo que, en el caso de los delitos de libertad sexual el agresor está en el entorno familiar. Por ello, se requiere empoderar a la familia, sobre todo a los que están a cargo del menor.
“La demora para resolver estos casos se debe a la alta demanda, ya que los menores deben pasar por la cámara Gesell que es una prueba anticipada y ya no depende del fiscal sino de la agenda del juez de investigación preparatoria. En base a ello, se va a poder programar la audiencia y eso hace que se retrase. Otro de los factores es que las víctimas van a una primera entrevista para la pericia psicológica y ya no quieren ir a una segunda o tercera, porque se contamina y se debe a que los agresores están dentro del entorno familiar”, aseguró Velásquez.