Por: Jesús Juárez Eyzaguirre

Desde mi perspectiva, la crisis que viven los hospitales públicos en el país y la región obedecen a dos grandes causas: serias deficiencias en la gestión y la grave situación financiera. Ambos tienen relación y su origen tanto en el nivel central como en los  niveles regionales y locales.

En nuestro país la Asociación de Clínicas y Hospitales no tiene, desde hace algunas décadas, protagonismo alguno en el sector. Preguntaría ¿si alguno de los que leen el presente artículo sabía de su existencia? Lo mismo sucede con los colegios profesionales y las asociaciones profesionales de salud.

Foro Salud viene intentando llenar un vacío, aunque con las limitaciones que el actual régimen le pone. Las asociaciones de especialistas de Gestión y de Administración tampoco tienen una propuesta conocida. Lo más grave es que el propio Ministerio de Salud no tiene una Política Pública al respecto y por el contrario se encamina a culminar un proceso de privatización de la atención.

Nuestros hospitales públicos afrontan una situación difícil en la gestión financiera por falta de realineamiento a los precios de los servicios hospitalarios ofrecidos por la principal seguradora: el Seguro Integral de Salud, SIS, cuyas atenciones significan más el 90 % de los ingresos de la mayoría de los hospitales públicos; y no estamos hablando de lucro, sino de reposición de lo gastado en la producción de servicios y aspectos administrativos relacionados.

Desde la aparición de los seguros públicos en el año 1997 (nadie discutiría la necesidad en un país que en ese momento tenía más del 50 % de población en pobreza), el Estado ha sido negligente y no ha podido construir una propuesta coherente y real para financiar las prestaciones de los hospitales.

De otro  lado, los hospitales, sólo y ocasionalmente con sus regiones, han atinado a esfuerzos individuales de negociación (muchas de ellas sin fruto), para hacer frente a este vacío o desatino del nivel central, con la creciente influencia del MEF. La actual gestión busca compensar con el “adelanto del pago por atenciones”.

La consecuencia era previsible:

  • Falta de desarrollo o retroceso de los Servicios de Salud públicos, con equipos malogrados, obsoletos, o sin ellos, y sin mantenimiento; con la consiguiente baja capacidad resolutiva que obliga a que los usuarios más pobres del país tengan que financiar parte de su atención (en muchos casos la más costosa). El resultado es la profundización de la pobreza (el pobre es cada vez más pobre); o simplemente no lo hace y se complica, se incapacita o muere.
  • Falta de crecimiento en la oferta de servicios (en una población creciente), por 3 causas principales: la infraestructura existente es una limitación para el crecimiento; en el caso de Piura sólo contamos con la mitad del mínimo de camas que requerimos para la población (y esto es una “novedad” de hace 30 años); segundo, porque el presupuesto de las partidas presupuestales tienen limitaciones para ampliar la oferta (se supone que el hospital ya cuenta con los profesionales necesarios); y tercero, cuando el presupuesto lo permite, muchas veces no se cuenta con disponibilidad de profesionales o especialistas, se sabe que en Piura los profesionales médicos están al 50 % de lo mínimo que deberíamos tener. Esto deriva en filas interminables de pacientes con miedo, angustia e incertidumbre de quien requiere asistencia, en algunos casos urgente.
  • Pero ¿quién podría regular esta “distorsión en el mercado de la salud”? (Según el lenguaje de los gurús de este sector). Se supone que Susalud podría cumplir con tal fin; sin embargo esta entidad sólo ha dedicado sus esfuerzos a presionar a los hospitales y los profesionales que allí laboran (que en casos aislados podrían pecar de incumplimiento en una función tan delicada). Pensar que la solución va por este lado, es una MIOPÍA; lo único que se conseguirá es iniciar procesos a los pocos que incumplan su función o que sus directores de hospitales indiquen que la implementación observada tiene limitación financiera.
  • Igualmente importante es que ni los niveles central y/o ni regional tienen una propuesta que permita seleccionar y capacitar en gestión de alto nivel a recursos humanos que dirijan estas instituciones; la experiencia de la ENAP (Escuela Nacional de Administración Pública), y reactivación de la ENSAP (Escuela Nacional de Salud Pública), no ha sido sostenible y está abandonada por la actual Gestión Ministerial. La experiencia muestra que del 100 % de funcionarios que inicia una de estas pocas capacitaciones, sólo un 30 % continúa en los cargos al término de la misma (esto sucede en pocos meses). Ello no permite una eficiente gestión de estas complejas instituciones, falta de procesos definidos, falta de planes y dificultad para implementar los existentes, pobre o nulo monitoreo, seguimiento y evaluación en los mismos.

Sumemos a todo esto la “injerencia política” en la decisiones y designaciones, las serias limitaciones en la gestión de recursos humanos, los conflictos y paralizaciones laborales, etc.

¿Qué podría mejorar esta situación?

  • Desarrollar una propuesta basada en estudios matemáticos actuales serios y por niveles de complejidad de las instituciones.
  • Que una de las instituciones existentes, o una nueva, pueda desarrollar el inexistente papel regulador de este sector.
  • Promover la asociación de los hospitales, ahora llamadas IPRESS (Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud), para tomar acciones de mejora en la gestión y plantear propuestas de tarifas diferenciadas a cada nivel.
  • Planificar e impulsar el desarrollo de RRHH en gestión, en todos los niveles con planes nacionales y regionales de desarrollo, mejorando los procesos de los sistemas administrativos.
  • Desarrollar un sistema regional y nacional de Servicios de Salud, con financiamiento garantizado; y que incluya el desarrollo de los recursos humanos.

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